La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.