Tiene esta norma como principal objetivo el impulsar una serie de medidas sobre política energética que favorezcan la recuperación económica, la movilización de recursos financieros tanto nacionales como de la UE, la creación de empleo sostenible, y la necesaria colaboración entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales. Además, incorpora parcialmente la Directiva 2019/944, la Directiva (UE) 2018/2001 y la Directiva (UE) 2018/2002.