Con vigencia desde 24 de febrero, esta norma pretende proporcionar seguridad jurídica para evitar situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre, tanto para las empresas como para las personas trabajadoras; asegurándose con ello una transición adecuada y completa de la normativa excepcional de emergencia a un marco jurídico estable constituido por las reformas introducidas por el RDLey 32/2021, de 28 de diciembre.