Esta norma, que ha entrado en vigor el 11 de julio, tiene su origen en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que ha sido objeto de enmiendas, entre las que destaca el endurecimiento, en un 20 y con efectos desde 1 de octubre de 2021, de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo.