Esta ley, con vigencia desde 2 de marzo, establece el marco de ordenación de las políticas públicas de empleo y su principal objetivo es promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y garantizar el ejercicio de los servicios garantizados y la oferta de una adecuada cartera de servicios a las personas o entidades demandantes de los servicios públicos de empleo.