Esta norma, que tiene su origen en el RDLey 5/2020, de 25 de febrero y vigencia desde 18 de diciembre de 2020, incorpora un conjunto sistemático de medidas concretas y con efectos tangibles, con el fin de reducir los factores perjudiciales y garantizar el nivel de vida, destinadas a mejorar la posición negociadora, la equidad de las relaciones y el justo reparto de los costes generales del sector primario.