Esta norma, con vigencia desde 23 de diciembre de 2020 intenta, a través de soluciones efectivas, ponderadas y equilibradas, asegurar la protección social de las personas y hogares en el ámbito de la vivienda, así como garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. También toma medidas para ayudar al sector del transporte de viajeros por carretera.