El efecto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 se ha hecho notar en la actividad de los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2020. Aunque el Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma es del 14 de marzo y sólo afectó a 18 de los 91 días de que consta ese periodo de tiempo, en el conjunto de los órganos judiciales españoles se han observado importantes disminuciones del ingreso y resolución de asuntos e incrementos en el número de los que quedaron en trámite al final del trimestre.