Las dos sentencias del Tribunal Supremo que obligaban al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA de 2017 han provocado que el Gobierno haya avanzado que movilizará en torno a 3.500 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a las comunidades autónomas y entidades locales para solventar este perjuicio económico.