El Supremo confirma la condena impuesta por la AP de Madrid, confirmada por el TSJ a la pena de18 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y nueve meses multa con una cuota diaria de diez euros, y una indemnización de setecientos cincuenta euros a una persona que realizó una oferta falsa por internet de una vivienda que no era suya.