El Ministerio de Justicia ha defendido que la subida salarial pactada con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) todavía no se ha hecho efectiva por la «situación política» que atraviesa el país –con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente– y ha avisado que los acuerdos firmados tienen efectos retroactivos y no corren ningún peligro.

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