El Tribunal Supremo estima parcialmente la reclamación de una familia cuyo hijo con síndrome de Down fue excluido de la enseñanza ordinaria, basándose en un dictamen del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y condena al Estado a indemnizar con 25.000 euros por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.