El 17 de diciembre, en apenas unas semanas, entrará en vigor la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión o lo que es lo mismo la Directiva Whistleblowing. Esto quiere decir que las empresas de más de 250 trabajadores públicas y privadas tendrán la obligación de implantar un Canal de Denuncias.