Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han anulado los proyectos lingüísticos de dos escuelas públicas catalanas por no ser conforme a derecho «en la medida que no contempla el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán», y han fijado una presencia mínima del castellano en un 25 de las clases.