El Supremo, en su sentencia 949/2023, de 10 de julio, ha fijado criterio sobre la aplicación por los jueces y tribunales de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, y la limitación de efectos temporales que decretó el Constitucional en la sentencia 182/2021, de 26 de octubre.