La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que la emisión de una Orden Europea de Detención (OED) paraliza la prescripción del delito, aunque no esté localizada la persona contra la que se dirige porque supone un acto de activación del proceso, activa la persecución y refuerza la imputación de la persona requerida, aunque se encuentre en paradero desconocido.