La disminución del número de víctimas, denuncias y órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales pone de manifiesto que las consecuencias de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 se han mantenido también durante el primer trimestre de este año. Según las estadísticas que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicas, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron 35.001 denuncias, un 3,21 por ciento menos que hace un año y hubo 34.350 víctimas, lo que equivale a un descenso del 1,38 por ciento.

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