El Congreso ha aprobado una nueva regulación de su Archivo con el fin de adaptarla a las nuevas normas en materia de transparencia y facilitar el acceso a la información y documentos públicos, que podrán ser consultados, con carácter general, por cualquier ciudadano, salvo excepciones tasadas en la propia norma, entre las que figuran aquéllos con carácter secreto, reservado, que contengan datos personales o afecten a la seguridad.