La Autoridad que se pretende crear ejercerá las funciones que actualmente desarrollan las tres Comisiones existentes para la investigación de los accidentes e incidentes que se producen en el transporte marítimo, ferroviario y de aviación civil; y gozará del mayor grado de independencia del poder ejecutivo que existe en el Derecho administrativo español: la que proporciona la figura de la Autoridad Administrativa Independiente.