La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión de tres años y cinco meses, así como a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana que cobraba a cambio de tramitar tarjetas de transportes para vehículos que no cumplían los requisitos para obtenerlas.