El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha confirmado la condena de tres años de prisión y multa de 4.500 euros que la Audiencia Provincial impuso al administrador de una funeraria por apropiación indebida e insolvencia punible. Además, deberá indemnizar a la mercantil con 99.121,58 euros y su socia con 5.000 euros por daño moral.