La regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reforma la Ley 10/2010 de 28 de abril ha abierto un extenso debate sobre temas como la futura inclusión en el listado de nuevos sujetos obligados de las plataformas de cambio de moneda virtual en moneda de curso legal y de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que aparece en la Quinta Directiva.