El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Sanidad que en ningún caso la futura Ley de Gestión Pública e integridad del Sistema Nacional de Salud suponga detrimento en la atención a las personas usuarias de los sistemas públicos de salud, debiendo establecerse en el texto legal las garantías y cautelas para tal fin.