Las Audiencias Provinciales de Zaragoza y León han comenzado a delimitar, a través de recientes resoluciones, el alcance de la doctrina del Tribunal Supremo en materia de abuso del derecho en litigios sobre microcréditos, sentando criterio sobre su aplicación restrictiva.
La Abogacía Española ha elaborado un informe en el que sostiene que el secreto profesional ampara, no solo las comunicaciones entre abogado y cliente, sino también los documentos elaborados por el letrado incluso después de haber sido entregados.
El nuevo estándar de sostenibilidad para pymes se articula, en la UE, como un marco voluntario de reporte pensado para pymes no cotizadas y microempresas, basado en la norma voluntaria VSME del EFRAG y en la Recomendación (UE) 2025/1710, con finalidad práctica de unificar y limitar la información ESG que se les solicita, especialmente en…
El Legal AI View 2026 asegura que la resistencia al cambio, la preocupación por la privacidad, gobernanza y la seguridad de los datos frenan la implantación.
La firma internacional de servicios legales y fiscales Garrigues y el despacho chileno Barros, Silva, Varela Vigil (BSVV), estudio jurídico multiservicio con más de una década de trayectoria en el mercado legal chileno, han llegado a un acuerdo para la integración de sus prácticas en Chile, que operarán bajo la marca Garrigues.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Los descuentos son del 10% que se aplicará en la compra de las obras en papel.
Devesa, firma de ámbito nacional y origen alicantino especializado en la abogacía de los negocios para el middle market, ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento del 19% en su cifra de negocios.
La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de las directrices, elaboradas por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, que se pondrán en conocimiento de los miembros de la Carrera Judicial, así como de los letrados/as de la Administración de Justicia.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros a una mujer que dispuso de 22.000 euros de la cuenta de sus padres sin contar con el consentimiento de estos.