La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado la décima edición de sus premios anuales, unos galardones que desde 2017 distinguen a los profesionales, empresas e instituciones que mejor representan los valores de ética, integridad y buen gobierno en España. Convertidos en el principal reconocimiento del sector, los Premios ASCOM ponen en valor aquellas iniciativas…
El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Laboralistas abordará la evolución jurisprudencial, la inteligencia artificial, la transparencia retributiva y otros desafíos de las relaciones laborales.
El magistrado de la plaza 1 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia Pontevedra concede a una persona natural -particular- la exoneración de deudas por importe de 6.319.742 euros.
El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores firman un convenio de colaboración para promover información veraz y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos, reforzando así la protección de los ciudadanos frente a prácticas engañosas.
La finalidad de estos galardones, de nueva creación, es reconocer la labor de particulares, instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la justicia.
Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días
Foment del Treball sigue incorporando organizaciones de referencia del mundo empresarial con la adhesión de BDO Abogados, una de las principales firmas internacionales de servicios profesionales.
Google tendrá que enfrentarse a la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por prácticas antimonopolio en el caso Android, tras confirmarse que ha perdido su apelación final.
El Consejo General de Graduados Sociales de España sitúa la tasa equivalente de absentismo en el 5,21% en 2025 y subraya que el fenómeno ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una tendencia estructural impulsada, principalmente, por el incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.
El ICAM advierte, además, de que los retrasos derivados del mal funcionamiento de la Administración de Justicia pueden ocasionar daños concretos e individualizados, dando lugar a responsabilidad patrimonial del Estado.