La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse desde el pasado viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.
La Unión Europea (UE) afronta desde ayer, 2 de agosto, un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia y el inicio de la aplicación de las disposiciones aplicables a nivel nacional y comunitario.
Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados, ha sido nombrado miembro del panel internacional de mediadores del Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center (SQICMC), uno de los principales centros oficiales de mediación comercial de China especializado en la resolución de disputas transfronterizas.
La patronal destaca la fortaleza de la demanda interna y la aceleración del PIB en el segundo trimestre, aunque advierte del debilitamiento de la inversión en bienes de equipo y de la escasa aportación del sector exterior.
El alto tribunal establece que las personas que accedan a Ceuta o Melilla a nado deben someterse al procedimiento ordinario de devolución, aunque admite que el rechazo en frontera podría aplicarse si existieran elementos de contención marítimos.
La reforma permitirá anticipar hasta los 56 años la edad de jubilación de alrededor de 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45 %, siempre que cumplan los periodos de cotización y afectación exigidos.
El desempleo se mantuvo en junio en el 6,3 % en la eurozona y en el 6 % en el conjunto de la Unión Europea, según Eurostat. España registró la segunda tasa de paro más elevada de los Veintisiete, con un 10,3 %, y un desempleo juvenil del 23,4 %.
Los autónomos, que hayan cesado total o parcialmente su trabajo en municipios afectados y cuenten con la cobertura por cese de actividad, podrán solicitar esta prestación extraordinaria sin necesidad de acreditar fuerza mayor.
La presidenta de la Audiencia Provincial y de los diferentes Tribunales de Instancia trasladarán a la Sala de Gobierno, en caso de que lo consideren oportuno, la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria, las vistas y/o los plazos procesales.
La Asociación para la Defensa de la Marca y el Consejo General del Poder Judicial renuevan el convenio suscrito en 2022 con el objetivo de mantener el marco de colaboración entre ambas instituciones para desarrollar acciones conjuntas en materia de propiedad industrial.