El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva que regula la tarjeta europea de discapacidad y actualiza la tarjeta de estacionamiento reservado para personas con discapacidad en todo el ámbito de la Unión Europea.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido hoy continuar la búsqueda de un acuerdo sobre la presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, sin fijar una fecha para la reanudación del plenario hasta que se alcance ese consenso.
El TSJ de Asturias ha confirmado la absolución de un hombre por delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa. De esta forma, la Sala Civil y Penal ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo el 15 de diciembre de 2023.
Google llevará el modo de horario escolar a más dispositivos Android para limitar el acceso a las aplicaciones mientras están en clase, y permitirá vincular las cuentas de YouTube de padres y menores para supervisar su actividad.
al tiempo que ha nombrado a Jaime Martorell (Comisionado Especial para el ‘PERTE Chip’ desde mayo de 2022) como vicepresidente del consejo, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
La Junta de Castilla y León apuesta por la eliminación de duplicidades innecesarias.
Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días
La Ley Europea de Inteligencia Artificial (Ley de IA), el primer reglamento global sobre esta tecnología en el mundo, ha entrado en vigor este jueves, 1 de agosto, pero la mayoría de la normas contempladas comenzarán a aplicarse el 2 de agosto de 2026, tal como advierte la Comisión Europea en un comunicado
Con la entrada en vigencia de la nueva norma se pretende velar por que las entidades cotizadas alcancen unos umbrales mínimos de presencia del sexo menos representado en sus consejos de administración.
El tribunal resuelve la cuestión de competencia positiva planteado por el juez de la Audiencia y concluye que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea