Las empresas encaran un nuevo desafío con la entrada en vigor este sábado 28 de junio de la nueva ley de accesibilidad, que obliga a garantizar que productos y servicios digitales sean accesibles para todos, especialmente para personas mayores o con bajas capacidades tecnológicas

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

El segundo semestre de 2025 se perfila como un punto de inflexión, marcado por una madurez acelerada, regulaciones más claras y una creciente adopción institucional

El Colegio facilita un modelo para que los letrados afectados puedan reclamar los perjuicios ocasionados por vistas suspendidas sin previo aviso.

La asociación Women in a Legal World (WLW) celebró el pasado 26 de junio en Madrid el evento de presentación de su nueva Comisión de Real Estate, una iniciativa impulsada por Alejandra Romero, asociada sénior de la práctica de derecho inmobiliario de Herbert Smith Freehills Kramer.

El ICAM ha presentado alegaciones al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuyo trámite de audiencia pública concluyó el 26 de junio, con el objetivo de preservar los principios constitucionales de libertad de expresión, pluralismo político y libertad de prensa.

Pide a ambas partes un acercamiento y un nuevo intento de diálogo para evitar el grave daño al servicio de Justicia que tendría una huelga de tres días.

La Fundación Cuatrecasas ha entregado el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria, en su primera edición, en un acto oficial que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a una empresa a indemnizar con 1.500 euros a una trabajadora que recibió correos electrónicos de forma reiterada fuera del horario de trabajo y estando de baja.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ha fallado a favor de CCOO y ha condenado a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente, que considera insuficiente y no disuasoria para el empresario.

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