Solo en España, las infracciones de los derechos de Propiedad Industrial en los principales sectores afectados suponen, según la EUIPO –Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea–, más de 5.700 millones de euros anuales en pérdidas, así como la supresión de casi 45.000 puestos de trabajo directos al año.