Esta ley, con entrada en vigor el 12 de enero de 2023, aborda algunos de los problemas pendientes en la legislación penal española, con respecto a varios tipos y sanciones que el desarrollo social, la práctica y el Derecho comparado instan a reevaluar desde hace mucho tiempo. Además, responde a la exigencia de trasladar ciertas Directivas cuyo ingreso al Ordenamiento Jurídico español es imprescindible.