La finalidad de esta norma, que ha entrado en vigor el 13 de marzo de 2021, es anticipar futuros problemas de solvencia y sobreendeudamiento, teniendo como objetivos proteger el tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación; evitar un impacto negativo estructural; proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia; evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero.