Esta norma, con vigencia desde 30 de diciembre de 2020, aprueba una serie de medidas dada la situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia, que sigue exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo que se suman a las situaciones de urgencia que surgen derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales que puedan tener repercusiones económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes.