Todas las actuaciones jurídicas relacionadas con personas con discapacidad sin excepción deben contar con el asesoramiento de un abogado o abogada. Así lo cree el Consejo General de la Abogacía Española y así se lo ha defendido hoy su presidenta, Victoria Ortega, ante los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.