El RDL 25/2020, que entra en vigor el 7 de julio, tiene como fin el adoptar medidas para preservar el tejido productivo y atender a las dificultades transitorias de las empresas, y así poder superar las consecuencias de esta pandemia, dado que el cierre temporal de negocios, las restricciones a la libre circulación o la suspensión de actos públicos han tenido un inevitable impacto sobre las empresas, que desempeñan un papel central en la creación de empleo y riqueza para el conjunto del país.