La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) valora positivamente los avances en la aplicación de la legislación en defensa de la propiedad intelectual. Anualmente se pierden más de 1.600 puestos de trabajo directos y el Estado deja de ingresar al menos 56 millones de euros de la industria de los videojuegos por culpa de la piratería en España.

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