Esta decisión se enmarca en el Plan Estratégico 2018/2022 de la Mutualidad de la Abogacía y en el anuncio que Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la institución, hizo en la última asamblea general en relación a la intención de apostar por nuevas vías de inversión socialmente responsables en proyectos emergentes vinculados al ámbito tecnológico o a la economía del envejecimiento.

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