El ámbito de actuación de las comisiones de ética judicial “debe circunscribirse al plano meramente ético” y no debe tener “ninguna consecuencia o efecto jurídico” para los jueces, de modo que quede desconectado “de la manera más clara posible” de las actuaciones disciplinarias y penales seguidas contra los miembros de la Carrera Judicial.

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