Desde la entrada en vigor, en mayo de 2018, del reglamento de protección de datos (RGPD), los retos de las autoridades de supervisión europeos han sido, -siguiendo la información facilitada por la AEPD- la aplicación efectiva del RGPD y la simultánea finalización del plazo para la trasposición de la Directiva sobre protección de datos en los ámbitos policial y judicial penal.

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