El Ministerio de Justicia ha abierto un proceso de participación pública para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la adaptación del Derecho español a un total de siete directivas y reglamentos europeos, como parte del proceso de elaboración normativa a que obliga la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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