El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra el real decreto de 2017 en el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, al considerar que no invade las competencias de la región, que afectan al régimen económico de la Seguridad Social.

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