La Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), viene suscitando numerosas dudas sobre su aplicación, extensión e interpretación. Ello ha motivado el planteamiento de varias consultas a la DGRN sobre dicha ley, en particular las formuladas por el Consejo General del Notariado y por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

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