El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves que el hecho de que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ponga el control de la información sobre la instrucción penal –que pasará de jueces a fiscales– en manos del Ministerio Público obedece a un doble objetivo de «compatibilizar y salvaguardar tanto el derecho a informar libremente como el derecho a la presunción de inocencia».

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