La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece una serie de medidas procesales, concursales, organizativas y tecnológicas dirigidas a retomar gradualmente la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales tras el confinamiento a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Además, da respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria.

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